Policía estatal desaloja a 40 familias del fraccionamiento Villas de Xalapa

POLICIACA
  • Irineo Pérez Melo
  • Un contingente de 500 elementos de la policía estatal de Veracruz desalojó con violencia a unas 40 humildes familias del fraccionamiento Villas Xalapa de esta ciudad capital, al no poder comprobar su legítima posesión, pues a pesar de haber pagado por sus viviendas, nunca les entregaron las escrituras de sus predios.

    El desalojo se inició al filo de la medianoche y pese a la resistencia, los elementos policiacos, en camiones de mudanza arrojaron  los enseres y menaje de las familias para trasladarlos a los lugares que ellos dijeron.

    Se indicó que las familias compraron sus viviendas a la empresa KADIC S.A de C.V, propiedad de Humberto Camacho Domínguez, a través de sus colaboradores Gabriel Hernández y René Naranjo, por las cuales pagaron montos entre 150 mil y 300 mil pesos, desde hace 10 años. Sin embargo, cuando les pidieron las escrituras de sus terrenos éstas no se las entregaron.

    El desalojo fue promovido por Humberto Camacho Domínguez, quien hace tres años regresó y reclamó las casas como suyas iniciando un juicio civil, que ganó, por las irregularidades que se presentaron durante el debido proceso.

    En todo ese proceso, los ahora desalojados, dijeron que las autoridades judiciales los citaron, sin embargo, éstas notificaciones no las hicieron llegar a las personas que habitaron esas viviendas, por lo que en múltiples ocasiones los colonos hicieron llamados al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, pues acusaban que en su juicio se violó el debido proceso al nunca ser notificados ni oídos y vencidos en juicio.

    Al oponerse al desalojo, más de 20 personas fueron lesionadas, pues las familias desde la mañana se apostaron a la entrada del Fraccionamiento para impedir que se consumara el desalojó, intentaron dialogar con la policía perolos elementos respondieron con violencia, arremetiendo contra ellos.

    Los ahora desalojados, responsabilizaron directamente al Gobierno de Veracruz y al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, de las agresiones y la pérdida de su patrimonio pues en reiteradas ocasiones fueron a Palacio de Gobierno con la intención de pedir su intervención para que se mediara el asunto, pero siempre fueron ignorados.